sábado, 3 de noviembre de 2012

Revocatoria a la Alcaldesa de Lima: Encrucijadas, retrocesos y conveniencia política.



El Jurado Nacional de Elecciones,  pareciera que siendo juez y parte[1], ha señalado el 17 de marzo del 2013, como la fecha en que, se desarrolle, el acto, en el que ciudadanas y ciudadanos de Lima Metropolitana, se pronuncien, por el SI ó el NO, a la revocatoria del cargo, a la actual alcaldesa de Lima y sus regidores.
Considero necesario hacer algunas aclaraciones, respecto de lo que significa este acto, en la medida que, es necesario, tanto, por lo que, hoy, está aconteciendo en Lima Metropolitana cuanto, en el resto del País.
La revocatoria del mandato otorgado por el pueblo, es, a todas luces, un mecanismo válido para el funcionamiento del sistema democrático; se constituye en un procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a alguien elegido para el ejercicio de un cargo público, con anterioridad a la expiración del período para el cual fue elegido.
Sin embargo, debe estar aparejada con actos ó manifestaciones de: corrupción; violación de derechos humanos ó pérdida de legitimidad del gobernante ó quien ejerza poder público y no sólo a la recolección de firmas de adherentes[2]. Como se da, claramente, hoy, en el caso que nos ocupa.
La revocatoria del mandato, promovida, por un grupo de ciudadanos, a la actual alcaldesa de Lima Metropolitana, se parece más a una revuelta ocasionada por  una parte - ni siquiera mayoritaria - de habitantes que se pusieron ó manifestaron en contra de una mujer que tiene como “faltas”, “pecados”, querer ordenar la ciudad, hacerla más vivible para todas y todos y romper con mafias e intereses particulares y subalternos en el transporte ó en el comercio de alimentos, entre otras cosas.
Debemos dejar claro que en la Democracia, muchos postulan a cargos que tienen como base la elección popular, algunos, de esos, reciben el apoyo del pueblo y otros no.
Esos, los que no reciben el apoyo popular, más que tirar piedras y promover acciones, manifestaciones y revueltas sin sentido - por que quién, gobierna, no comulga ni comulgará con su ideología ó por defender intereses particulares y subalternos-   deben promover acciones de oposición constructiva, que supone, entre otras cosas, el proponer ideas, proyectos, alternativos, si quieren, en suma, proponer, una nueva manera de gobernar.
Ocurre ahora, que todas y todos, las y los ciudadanos, estamos sometidos al capricho, la conveniencia e, incluso, a que se mantengan privilegios para unos pocos, que han visto amenazados sus intereses particulares. Esto, esta manera de actuar, debe modificarse y poner fin, a que solo se ponga como requisito para una revocatoria la recolección de un número determinado de firmas.
Debemos, por el contrario, afianzar nuestro alicaído sistema institucional, exigiendo que detractores, protesten al tiempo que propongan y puedan concertar y limar asperezas ó diferencias como producto de una concertación. Gastar 69 millones de Soles, en una revocatoria que no tiene a la base de su convocatoria ni actos de corrupción; ni violación de derechos humanos y tampoco pérdida de legitimidad, por parte de quien queremos remover, es algo que nos debe hacer recapacitar.
Lo que está en juego, pareciera ser, tiene más relación con la negativa de un grupo que sólo tira piedras ó que claramente está defendiendo intereses particulares y que no aceptan el juego democrático que podemos resumir en se gana ó se pierde.
Creo que es necesario afirmar que a Lima y a las ciudadanas y ciudadanos que la habitan les debe quedar claro que el NO, es la mejor opción, en la medida que:
a)    La Honestidad de quien conduce la ciudad es un valor que debemos poner por delante, en una ciudad donde la ética se impone a mafias anteriores y antiguas[3].
b)    El marco legal, manipulado, hoy, por los integrantes del JNE, para dar patente de corso a un sector político con fines particulares y subalternos, puede abrir una manera de hacer prevalecer el  “todo vale” que se parece más, a las “interpretaciones auténticas” del pasado. A lo que hay que decir, claramente, NO.
c)     No hay causas que justifiquen la revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán ni de los regidores que la acompañan en el Gobierno de la Ciudad.
d)    La gestión municipal, no es perfecta, lo sabemos, pero, se debe discrepar sin dejar de reconocer que se está promoviendo y sacando adelante, a pulso, reformas importantes y postergadas por mucho tiempo para Lima. Baste mencionar el reordenamiento del transporte y el no desmayar en el intento de ordenar el comercio de alimentos para darnos cuenta de eso.
Susana Villarán y sus regidores, deben recibir el espaldarazo que Lima y la construcción de gobiernos locales, éticos y modernos, necesitan, hacer, junto y luego de este eclipse, los cambios que se necesitan, para poder terminar el círculo virtuoso que han iniciado.
Mujeres y Hombres, Ciudadanos y Ciudadanas, de Lima Metropolitana, el NO, claro y sin ambages,  nos hará, volver a sentir que tenemos y tuvimos capacidad para tomar buenas decisiones, respecto de quien gobernara nuestra ciudad y, sobre todo, nos permitirá manifestar  que somos libres, que no estamos sujetos a caprichos, que actuamos sin sujeción y que, por el contrario, tenemos autonomía y seremos firmes vigilantes de que la voluntad ciudadana se cumpla al tiempo que estamos y estaremos en contra de encrucijadas; sin propuestas, ni  salidas coherentes; en contra, de retrocesos y de acciones que defienden conveniencias de unos pocos e intereses subalternos.  


[1] La revocatoria ha devenido en ilegal, ya que no se cumplió con presentar las firmas requeridas en el plazo de ley. Un plazo que está establecido de manera muy clara en el artículo 10 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley N º 26300: “Depurada la relación de suscriptores y no alcanzado el número necesario, los promotores tendrán un plazo adicional de hasta treinta días para completar el número de adherentes requerido”. Esos treinta días vencieron, en este caso, el 5 de julio, y por eso el RENIEC, el órgano que de acuerdo a la Constitución es el encargado de contar y verificar las firmas, no aceptó el último lote de firmas que los revocadores presentaron el 6 de julio, dando por terminado el intento de revocatoria, tal como correspondía legalmente. Sin embargo, los revocadores usaron una leguleya da para recurrir ante el Jurado Nacional de Elecciones y cuestionar la decisión del RENIEC. Invocaron a su favor una carta firmada por un subgerente de dicha entidad en la que se decía que dicho plazo vencía el 6 de julio. Tomado de: No al Golpe de Estado Municipal, Ernesto de la Jara, IDEELE.
[2] Que al ser obtenidas en base a prebendas, chantaje e intereses subalternos, echan por tierra la legitimidad de la propia acción.
[3] Creemos que a eso, se debe el que diversas corrientes y líderes de la oposición hayan  manifestado su oposición a la revocatoria, entre los que podemos mencionar a: el líder histórico del APRA, Armando Villanueva; Luis Bedoya y Lourdes Flores  del PPC; Alejandro Toledo de Perú Posible. Etc. 

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