El
Jurado Nacional de Elecciones, pareciera
que siendo juez y parte[1], ha
señalado el 17 de marzo del 2013, como la fecha en que, se desarrolle, el acto,
en el que ciudadanas y ciudadanos de Lima Metropolitana, se pronuncien, por el
SI ó el NO, a la revocatoria del cargo, a la actual alcaldesa de Lima y sus
regidores.
Considero
necesario hacer algunas aclaraciones, respecto de lo que significa este acto, en
la medida que, es necesario, tanto, por lo que, hoy, está aconteciendo en Lima
Metropolitana cuanto, en el resto del País.
La revocatoria del mandato
otorgado por el pueblo,
es, a todas luces, un mecanismo válido para el funcionamiento del sistema
democrático; se constituye en un
procedimiento a través del cual los electores pueden destituir a alguien
elegido para el ejercicio de un cargo público, con anterioridad a la expiración
del período para el cual fue elegido.
Sin embargo, debe estar aparejada
con actos ó manifestaciones de: corrupción;
violación de derechos humanos ó pérdida de legitimidad del gobernante ó quien
ejerza poder público y no sólo a la recolección de firmas de adherentes[2].
Como se da, claramente, hoy, en el caso que nos ocupa.
La revocatoria del mandato, promovida, por un grupo de ciudadanos, a la actual alcaldesa de Lima Metropolitana,
se parece más a una revuelta
ocasionada por una parte - ni siquiera
mayoritaria - de habitantes que se pusieron ó manifestaron en contra de una
mujer que tiene como “faltas”, “pecados”, querer ordenar la ciudad, hacerla más
vivible para todas y todos y romper con mafias e intereses particulares y
subalternos en el transporte ó en el comercio de alimentos, entre otras cosas.
Debemos
dejar claro que en la Democracia, muchos postulan a cargos que tienen como base
la elección popular, algunos, de esos, reciben el apoyo del pueblo y otros no.
Esos,
los que no reciben el apoyo popular, más que tirar piedras y promover acciones,
manifestaciones y revueltas sin sentido - por que quién, gobierna, no comulga
ni comulgará con su ideología ó por defender intereses particulares y
subalternos- deben promover acciones de oposición constructiva, que supone,
entre otras cosas, el proponer ideas, proyectos, alternativos, si quieren, en
suma, proponer, una nueva manera de gobernar.
Ocurre
ahora, que todas y todos, las y los ciudadanos, estamos sometidos al capricho,
la conveniencia e, incluso, a que se mantengan privilegios para unos pocos, que
han visto amenazados sus intereses particulares. Esto, esta manera de actuar,
debe modificarse y poner fin, a que solo se ponga como requisito para una
revocatoria la recolección de un número determinado de firmas.
Debemos,
por el contrario, afianzar nuestro alicaído sistema institucional, exigiendo
que detractores, protesten al tiempo que propongan y puedan concertar y limar
asperezas ó diferencias como producto de una concertación. Gastar 69 millones
de Soles, en una revocatoria que no tiene a la base de su convocatoria ni actos
de corrupción; ni violación de
derechos humanos y tampoco pérdida de legitimidad, por parte de quien queremos
remover, es algo que nos debe hacer recapacitar.
Lo
que está en juego, pareciera ser, tiene más relación con la negativa de un
grupo que sólo tira piedras ó que claramente está defendiendo intereses
particulares y que no aceptan el juego democrático que podemos resumir en se
gana ó se pierde.
Creo
que es necesario afirmar que a Lima y a las ciudadanas y ciudadanos que la
habitan les debe quedar claro que el NO,
es la mejor opción, en la medida que:
a) La
Honestidad de quien conduce la ciudad es un valor que debemos poner por
delante, en una ciudad donde la ética se impone a mafias anteriores y antiguas[3].
b) El
marco legal, manipulado, hoy, por los integrantes del JNE, para dar patente de
corso a un sector político con fines particulares y subalternos, puede abrir
una manera de hacer prevalecer el “todo
vale” que se parece más, a las “interpretaciones auténticas” del pasado. A lo
que hay que decir, claramente, NO.
c) No
hay causas que justifiquen la revocatoria de la alcaldesa Susana Villarán ni de
los regidores que la acompañan en el Gobierno de la Ciudad.
d) La
gestión municipal, no es perfecta, lo sabemos, pero, se debe discrepar sin
dejar de reconocer que se está promoviendo y sacando adelante, a pulso,
reformas importantes y postergadas por mucho tiempo para Lima. Baste mencionar
el reordenamiento del transporte y el no desmayar en el intento de ordenar el
comercio de alimentos para darnos cuenta de eso.
Susana Villarán y sus
regidores, deben recibir el espaldarazo que Lima y la construcción de gobiernos
locales, éticos y modernos, necesitan,
hacer, junto y luego de este eclipse, los cambios que se necesitan, para poder
terminar el círculo virtuoso que han iniciado.
Mujeres
y Hombres, Ciudadanos y Ciudadanas, de Lima Metropolitana, el NO, claro y sin ambages, nos
hará, volver a sentir que tenemos y tuvimos capacidad para tomar buenas
decisiones, respecto de quien gobernara nuestra ciudad y, sobre todo, nos permitirá
manifestar que somos libres, que no
estamos sujetos a caprichos, que actuamos sin sujeción y que, por el contrario,
tenemos autonomía y seremos firmes vigilantes de que la voluntad ciudadana se
cumpla al tiempo que estamos y estaremos en contra de encrucijadas; sin
propuestas, ni salidas coherentes; en
contra, de retrocesos y de acciones que defienden conveniencias de unos pocos e
intereses subalternos.
[1] La revocatoria ha devenido en ilegal, ya que no se
cumplió con presentar las firmas requeridas en el plazo de ley. Un plazo que
está establecido de manera muy clara en el artículo 10 de la Ley de los
Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley N º 26300: “Depurada la
relación de suscriptores y no alcanzado el número necesario, los promotores
tendrán un plazo adicional de hasta treinta días para completar el número de
adherentes requerido”. Esos treinta días vencieron, en este caso, el 5 de
julio, y por eso el RENIEC, el órgano que de acuerdo a la Constitución es el
encargado de contar y verificar las firmas, no aceptó el último lote de firmas
que los revocadores presentaron el 6 de julio, dando por terminado el intento
de revocatoria, tal como correspondía legalmente. Sin embargo, los revocadores
usaron una leguleya da para recurrir ante el Jurado Nacional de Elecciones y
cuestionar la decisión del RENIEC. Invocaron a su favor una carta firmada por
un subgerente de dicha entidad en la que se decía que dicho plazo vencía el 6
de julio. Tomado de: No al Golpe de Estado Municipal, Ernesto de la Jara,
IDEELE.
[2] Que al ser obtenidas en base a prebendas, chantaje e
intereses subalternos, echan por tierra la legitimidad de la propia acción.
[3] Creemos que a eso, se debe el que diversas corrientes y
líderes de la oposición hayan
manifestado su oposición a la revocatoria, entre los que podemos
mencionar a: el líder histórico del APRA, Armando Villanueva; Luis Bedoya y
Lourdes Flores del PPC; Alejandro Toledo
de Perú Posible. Etc.
